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Raül Romeva en Estremera, Gene Sharp en Cataluña

Raül Romeva es uno de los destacados políticos catalanes que la jueza Lamela ha enviado a la cárcel de Estremera como presos preventivos. A Romeva los periódicos de Madrid lo llaman despectivamente “exconsejero” y cosas peores, pero él se presenta aún en su cuenta de Twitter como ministro de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia del Gobierno Catalán. Naturalmente, me entristece el encarcelamiento de todos esos “exconsejeros” del Gobierno de la Generalitat, pero comprenderán que me entristezca más aún el de Raül, porque le conocí hace tiempo y me cayó bien.

La primera vez que vi a Raül Romeva los dos conservábamos aún algo de pelo sobre nuestras cabezas y participábamos en un congreso sobre paz y conflictos que se celebraba en la Universidad Autónoma de Barcelona. De esto hace muchos años, así que no recuerdo el tema de su intervención. Solo recuerdo que, en su afán pedagógico, habló de algo que llamó “teoría del huevo frito” para referirse (creo: no me hagan mucho caso) a un cierto modelo sobre el activismo social. Pues ya de joven tenía Raül mucho arte para transmitir sus mensajes y meterse a la gente en el bolsillo.

Unos años más tarde, en la primavera de 2003, volví a coincidir con él. Los dos éramos profesores simultáneamente en el Máster de Paz de la Universidad Jaume I de Castellón, así que hablamos bastante mientras cenábamos en el comedor de la residencia universitaria y hasta fuimos juntos a un concierto de jazz y a correr por los páramos que rodean el campus de Riu Sec. Justo por entonces se estaba gestando su salto de la Universidad a la política y nuestras conversaciones se interrumpían frecuentemente porque le llegaban llamadas relacionadas con su posible inclusión en una lista al Parlamento Europeo.

Poco después de que coincidiéramos en Castellón, Raül Romeva fue, efectivamente, incluido en las aquella lista electoral, resultó elegido y ejerció como parlamentario europeo entre 2004 y 2014 por Iniciativa per Catalunya Verts. Durante esos años destacó por su trabajo en temas como el control de comercio internacional de armas, realizando informes e intervenciones que seguí con interés. En 2015 me sorprendió saber que dejaba ICV y, más tarde, que encabezaba la lista de Junts Pel Sí por Barcelona en las elecciones al Parlamento de Cataluña. No sé cuántos gramos de nacionalismo había anteriormente en su mochila ideológica, pero no hay duda de que en algún momento se produjo un cambio, al menos de énfasis, que transformó un político de perfil predominantemente ecopacifista en otro de perfil predominantemente independentista.

Personalmente simpatizo más con las antiguas causas de Romeva que con las actuales. Creo más en el cosmopolitismo que en el nacionalismo como vía de salida a las limitaciones de los Estados para lidiar con los problemas sociales, ambientales y económicos de este mundo globalizado, pero también le doy la razón a Hume cuando dice que en la política las pasiones pesan tanto o más que la razón, y que no podemos hacer como si no existieran. El sentimiento independentista es cada vez más fuerte en Cataluña y yo llevo tiempo criticando la forma en la que los sucesivos gobiernos españoles se han enfrentado a ese hecho. La terca negativa de esos gobiernos a convocar un referéndum pactado, escudándose en la ley, seguramente esté reportando algunos beneficios electorales a varios partidos fuera de Cataluña, pero explica en buena medida el crecimiento incesante, dentro de ella, de los partidarios de la independencia. Si el nacionalismo no es una buena receta para los problemas de nuestro tiempo, la estrategia de combatir un nacionalismo (el catalán) con otro nacionalismo (el español) solo puede traer malas consecuencias

¿Qué pasará si el número de los partidarios de la independencia sigue creciendo? Tendremos ocasión de comprobarlo en las elecciones que ha convocado el Gobierno español para diciembre. Y si no es esta vez, será más adelante: solo hay que sentarse y esperar a que el porcentaje de partidarios de la independencia llegue al 60, al 70 o al 80 por ciento, con la ayuda de los partidos nacionales españoles. Como antiguo miembro de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona y antiguo militante ecopacifista, Raül Romeva conoce bien la literatura de la resistencia civil noviolenta, y debería saber que hay que tener paciencia; pero también sabe seguramente que si los activistas noviolentos están bien organizados y actúan con determinación, y si el Estado al que se enfrentan no afronta el reto con mucha habilidad, el movimiento puede tener éxito. Romeva seguro que conoce la monumental obra de Gene Sharp, The Politics of Nonviolent Action, que ha sido el manual de muchos movimientos noviolentos en el mundo. Este libro, por ejemplo, guió las acciones del movimiento serbio Otpor, que consiguió sin recurrir a la violencia lo que no habían conseguido los bombardeos de la OTAN: expulsar del poder a Slobodan Milosevic. Un reciente artículo en El Confidencial llamaba la atención sobre la influencia de las ideas de Sharp en algunas organizaciones y líderes del movimiento independentista.

Es verdad que el libro de Sharp consta de tres volúmenes y, quizá por eso, no parece que todos los independentistas catalanes se lo hayan leído entero. Por ejemplo, la idea de Puigdemont y algunos de sus ministros/consejeros/exconsejeros de huir a Bruselas no está recomendada en ningún capítulo, porque una de las claves del triunfo, según Sharp, consiste en adquirir autoridad moral ante más y más gente, y mostrarse como un cobarde insolidario no es la mejor forma de conseguirlo. En cambio, Romeva y el otro grupo de ministros/consejeros/exconsejeros encarcelados, aunque han salido perdiendo en lo personal, han reforzado su causa. ¿Y el Estado español? Sus actuaciones, el día de las elecciones y después, aunque seguramente han consolidado a Rajoy en el corto plazo, perjudican a la larga las pretensiones de quienes aspiran a mantener la unidad del Estado. La tesis fundamental de Sharp, que tiene un precedente claro en Étienne de la Boétie, es que el poder del Estado proviene de la obediencia de sus súbditos o ciudadanos, y desaparece en el momento en que esa obediencia cesa. El objetivo de los desobedientes (sea cual sea su objetivo político, pues la metodología de Sharp es neutra y puede servir a causas muy distintas) es, pues, conseguir la adhesión de los tibios y la simpatía de la opinión pública internacional. Pues bien, mientras que los independentistas, hayan leído o no a Sharp, no siempre actúan de acuerdo con sus indicaciones, el gobierno español, que seguramente no lo ha leído, se han esforzado sin embargo, el día del referéndum y después, en actuar como uno de esos terribles Estados represores que acaban ganándose la inquina de la opinión pública y propician el éxito del activismo noviolento. Invocar como un mantra las leyes y la Constitución es un recurso con un alcance limitado a la hora de buscar el respaldo de la opinión pública, en el país y fuera de él.

Ojalá el nuevo independentismo de Romeva no le haya hecho olvidar sus viejas convicciones pacifistas. A mi juicio, lo verdaderamente importante no es el resultado del procés, sino cómo se lleve a cabo. A la larga, cuando la soberanía de los Estados nacionales tenga que acabar inexorablemente disuelta en entidades políticas más amplias, se trate de la Unión Europea o de otra cosa, no habrá seguramente demasiada diferencia entre que Cataluña sea independiente o esté integrada en España. Pero sí será importante haber llegado hasta allí utilizando, en la medida de lo posible, los métodos de Sharp para evitar episodios de violencia y otras formas de sufrimiento innecesario. Si a la teoría de Sharp nos atenemos, por ahora los independentistas van ganando, aunque no lo parezca. Quizá falte más tiempo del que ellos creen para conseguir sus objetivos pero, si no abandonan el camino de la noviolencia, la opinión pública acabará por darles la razón y acabará por quitársela a un gobierno, el de España, que quizá se acabe arrepintiendo de no haber leído a Gene Sharp con más atención y de no haber convocado un referéndum cuando aún tenía opciones de ganarlo.

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Que Europa nos asista: reflexiones domésticas tras el referéndum en Escocia

Ya está. Uff… Ya sabemos el resultado del referéndum escocés y la mayoría de los europeos suspiramos con alivio. Ahora bien: como en las películas de terror, no esperemos que la pesadilla termine con la muerte del primer zombie/vampiro/lunático en la segunda secuencia. La cosa va para largo, y así lo advierte Alex Salmond, el Ministro Principal de Escocia y líder independentista, en un twit, tras conocer la derrota de los suyos: Let’s not dwell on the distance we’ve fallen short – let us dwell on the distance we have travelled (“no nos fijemos en lo que nos ha faltado; fijémonos en lo que hemos recorrido”). O sea: hemos subido menos escalones de los que esperábamos, pero llegar arriba (¿al cadalso?; ¿al soñado paraíso de las gaitas y las varoniles faldas de cuadros?) es cuestión de tiempo.

Por lo pronto, el Reino Unido ha tenido que pagar un precio para evitar que los independentistas ganaran el referéndum: como un mercachifle en día de remate, Cameron ha tenido que prometer a los escoceses, durante las últimas semanas de campaña, aquellas cesiones de soberanía que no había querido conceder antes, y que pretendía evitar con el referéndum. Por ello, y por el susto que nos ha metido en el cuerpo, muchos comentaristas retratan hoy a Cameron como el tonto del bote de la política europea. Ahora bien, seamos justos: Cameron no será Richelieu, pero es un genio de la estrategia comparado con Rajoy: al menos, ha tenido los reflejos suficientes para desinflar el globo antes de que estallara. Es verdad que ahora los partidarios de la independencia comenzarán a inflarlo de nuevo, pacientemente, pero por ahora no ha estallado, y Cameron le ha pasado el marrón al siguiente. En cambio, Rajoy ha dejado pasar el tiempo de desinflar el globo, como yo modestamente le pedía en una entrada anterior, y en estos momentos aquí nos vemos: preguntándonos si el estallido del globo catalán es cuestión de semanas, de meses o de años, pero con la certeza de que, si no lo remedia un portentoso Deus ex machina, el globo va a estallar y nos va a salpicar a todos de un líquido que no sabemos qué lleva.

¿Quién es ese Deus ex machina? Puede que Cameron se acuerde de él, y hasta le rece, cuando dentro de algún tiempo se enfrente al segundo referéndum que ha prometido: el referéndum mediante el cual los ciudadanos del Reino Unido dirán si quieren o no seguir en la Unión Europea. El panorama de un Reino Unido fuera de la Unión Europea y presionado por los nacionalistas escoceses solo es mejor que el de un Reino Unido aislado de Europa y vecino de una Escocia independiente. Imaginar el frío que la conjunción de los dos nacionalismos (el escocés y el británico) puede llevar a las Islas debería advertirnos de lo que nos espera en toda Europa si seguimos alimentando los nacionalismos: los grandes (Francia, Hungría) y los pequeños (Córcega, Euskadi).

No tenemos, por ahora, otro Deus ex machina, ni otra solución, que fortalecer la Unión Europea y traspasar más competencias al Parlamento Europeo y a las demás instituciones de la Unión, avanzar por el camino hacia una Europa federal que quedó aplazada con el fiasco de la Constitución Europea: una Europa que se relacione con sus miembros, más o menos, como se relacionan los EE.UU. con el estado de Wisconsin (aunque, a ser posible, con una mayor dosis de pragmatismo y una menor carga de patriotismo). Claro que, al mismo tiempo, necesitamos ganar más credibilidad para esas instituciones europeas, aumentar su eficacia y reducir su coste. También necesitamos reducir el tamaño de las administraciones estatales e infraestatales a la vez que reforzamos las comunitarias: ¡ojalá pronto el plan de ordenación urbana de las ciudades españolas lo elabore un/a lejano/a funcionario/a europeo/a en vez del cuñado del alcalde, que casualmente también es primo de un promotor!

El proyecto de desmantelar España (o cualquier otro estado-nación europeo) conduce al desastre y va contra los tiempos; el de recentralizarla, también. La propuesta de un federalismo, simétrico o asimétrico, dentro de España equivale a seguir soportando el mismo agotador chantaje al que el nacionalismo catalán ha sometido al gobierno español desde la Transición hasta nuestros días, el mismo con el que Salmond amenaza al Reino Unido a partir de ahora. Necesitamos un planteamiento federal, pero no para los ya pequeños estados europeos, sino para construir una Europa federal, una Europa de los ciudadanos, no de los Estados ni de los pueblos, una Europa de afiliación voluntaria y reversible, a la que todo el mundo sienta que pertenece porque le conviene, no por su identidad.

Ahora bien: ¿cómo se llamarán esos estados federales dentro de Europa? ¿Serán Alemania, España, Italia… o más bien Baviera, Cataluña, Lombardía? Bueno: ¿a quién le preocupa el tamaño de Wisconsin?

Vamos a irnos… ¡como yo quiero! A propósito de Cataluña

En un vídeo que se ha hecho viral,  un motorista ebrio anuncia: “Vamos a irnos, pero vamos a irnos… ¡como yo quiero!”. A continuación, toma una pendiente a excesiva velocidad, hace volar a su acompañante y se estrella él mismo contra una pared. Algo parecido anunció Artur Mas, presidente de la Generalitat, cuando puso en marcha el proceso hacia la consulta sobre la independencia de Cataluña: Mas anunció que Cataluña iba a irse, y que iba a irse como él quería, y no de otra manera.

Ciertamente, no puedo saber si Cataluña se irá finalmente o no. Tampoco sé si, de irse, acabará tan mal como el motorista ebrio, ni cuántos hierros y cascotes caerían sobre nuestras cabezas si Cataluña terminara estrellándose.  Sí sé que, de irse Cataluña, se irá como Mas quiere y no de otra manera, y que parte de la culpa la tendrá la clase política española, con el presidente del Gobierno a la cabeza. Nuestros políticos se acusan mutuamente de ser demasiado blandos o demasiado duros con el soberanismo y discuten si debemos permitir que Cataluña se vaya como Mas quiere; también discuten hasta dónde debemos llegar para impedirlo, y discuten si debemos impedirlo aplicando la Constitución, o si más bien debemos modificar la Constitución para impedirlo. Sus actitudes son diferentes pero, a mi juicio, todos ellos comparten un error de estrategia: todos dan por buena la disyuntiva planteada por Mas y sus aliados: o se acepta que Cataluña se vaya como Mas quiere, o no se acepta que pueda irse.

Antes de defender una estrategia alternativa, dejaré claro que el nacionalismo me parece una de las ideologías más estériles y anacrónicas, y que igualmente pernicioso me parece el nacionalismo catalán que el andaluz, el serbio que el español, el alemán que el cubano. También creo que uno de los mayores errores de buena parte de la izquierda en el siglo XX ha sido incorporar en mayor o menor grado el ideario nacionalista, o al menos ser condescendiente con él. Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht tenían razón cuando acusaron de incongruencia al SPD por apoyar la entrada de Alemania en la Primera Guerra Mundial, traicionando el espíritu internacionalista del socialismo.

Bueno, ya está. Espero que lo dicho baste para que no se me considere sospechoso de nacionalismo.

Ahora paso a argumentar por qué creo que el Estado español debería convocar un referéndum en Cataluña sobre el asunto de la independencia.

Algunos basan la defensa de un referéndum como el que se propone para Cataluña en la existencia de ciertos derechos naturales. Ahora bien, ¿de dónde provendrían esos derechos? Hay quienes, como John Locke, han sostenido que son otorgados por Dios, pero las justificaciones teológicas no son aceptables como fundamento político en sociedades plurales como la nuestra. Además, aunque admitiéramos la existencia de Dios, aún tendríamos que ponernos de acuerdo sobre qué versión de ese Dios dar por buena y sobre cómo interpretar Sus opiniones en el tema de los derechos. Y si ya resulta complicado reconocer derechos naturales a los individuos, imagínense a los pueblos; pues no tenemos claro ni qué son los derechos naturales ni qué son los pueblos. En concreto: ¿Qué opinaría Dios sobre un posible derecho a decidir de Cataluña? (Quizá Artur Mas no debería fiarse de Dios: un personaje de uno de los Episodios nacionales de Galdós, El equipaje del rey José, sostiene que Dios es español. Mas querría preguntarle mejor a la Virgen de Monserrat).

Creo que no tenemos más derechos que los que acordamos reconocernos unos a otros, ya sea legal o moralmente. No acepto, pues, la existencia de “derechos naturales”, por razones similares (aunque no idénticas) a las que ya expuso Jeremy Bentham hace unos doscientos años.

En cualquier caso, un derecho no existe legalmente si no ha sido legalmente reconocido, y las leyes españolas, empezando por la Constitución, no reconocen el derecho a decidir de Cataluña. Hasta aquí, todo claro. Esto es lo que repiten los políticos españoles que se oponen a la consulta soberanista, y en esto no se equivocan. Ahora bien: una cosa son las leyes y otra cosa el sentido común, y a veces el sentido común puede obligar a cambiar las leyes.

Verbigracia:  ¿qué hacemos cuando nos encontramos con un montón de gente que quiere decidir si Cataluña continúa o no en España? La respuesta legal es que da igual cuánta gente lo quiera, mientras la ley no lo permita. La respuesta del sentido común es: depende de cuán grande sea ese montón. Recordemos, por ejemplo, que Alfonso XIII dejó el trono de España en 1931 porque los partidos monárquicos perdieron… ¡unas elecciones municipales! (y las perdieron, en realidad, solo en las capitales de provincia: en los pueblos ganaron los partidos monárquicos). Ciertamente, el rey no tenía ninguna obligación legal de irse, pero se fue, y seguramente hizo lo más sensato.

Otro ejemplo más reciente: con la ley en la mano, el referéndum del 28 de febrero de 1980 lo perdieron los partidarios del “Sí”. Este referéndum determinó finalmente que Andalucía avanzara hacia su autonomía por el camino del artículo 151 de la Constitución (igual que las llamadas “comunidades históricas”) en vez de por la vía del artículo 143. Pero la Constitución establecía que para ello era necesario que al menos el 50% por cierto de los censados en todas y cada una de las ocho provincias andaluzas votara afirmativamente. Conseguir esto era ciertamente difícil. De hecho, no se consiguió: en Almería “solo” votó a favor el 42,07% del censo (no es que votaran muchos en contra, pero la abstención fue mayor que en otras provincias). Legalmente, pues, el asunto tendría que haber terminado ahí, pero habría sido un escándalo que no se tomara en consideración una opción apoyada en las urnas por casi 2.500.000 andaluces y rechazada expresamente solo por unos 152.000. Así que se cambiaron las leyes que fue necesario cambiar y finalmente el autogobierno andaluz se desarrolló de acuerdo con el artículo 151.

Los partidos que se oponen al referéndum en Cataluña consideran suficiente decir que el referéndum de autodeterminación es imposible porque es ilegal. ¿Seguirán diciendo lo mismo si el 70% de la población catalana apoya el referéndum? ¿Necesitarán que el apoyo llegue al 80% para ceder? Pues el porcentaje no para de subir, y más subirá mientras se siga creyendo que es posible parar las ilusiones solo con leyes.

La proclamación de la Segunda República, el 28 de febrero o la reciente “primavera árabe” muestran hasta qué punto la ilusión de la gente puede saltar por encima de las leyes; y en los últimos años el número de gente ilusionada en Cataluña por la posibilidad de la independencia no ha parado de crecer. Quizá los independentistas no han ganado, en lo tocante a razones, a los partidarios de seguir en España, pero sí parecen haber ganado la batalla de las ilusiones. Frente a eso, los políticos más duros invocan las leyes, pero esta estrategia parece tener el efecto de alimentar esas ilusiones. En cambio, los políticos más blandos están dispuestos a ir cediendo, como han cedido desde la Transición, y proponen un federalismo asimétrico que no satisface a los independentistas y condena al Estado español a seguir sufriendo el chantaje constante de los nacionalismos periféricos.

Frente a esta disyuntiva, existe una voz bastante extendida en la calle que, sin embargo, ningún partido representa: un “si quieren irse, que se vayan; pero si se quedan, que se queden aceptando las mismas reglas que los demás”. Es una voz que puede comprender las diferencias culturales, pero no las asimetrías económicas; una voz que entiende que los más ricos deben pagar más impuestos y los pobres deben recibir más ayuda, sin importar dónde hayan nacido; una voz que entiende que el Estado administra la soberanía que le han cedido las personas, no los pueblos.

Esta voz pediría al Estado español que, igual que el británico en el caso de Escocia, tome la iniciativa y convoque un referéndum en Cataluña, en los plazos que él mismo establezca, y que determine las condiciones en las que se otorgaría la independencia. Pues es el Estado quien legítimamente puede establecer tales condiciones, así como el momento de la consulta y el contenido de la pregunta, y no Mas y sus socios, que, dicho sea de paso, han mostrado cierta inclinación a hacer trampas con las preguntas. Si para convocar ese referéndum es necesario cambiar la Constitución, cámbiese: tenemos un ejemplo reciente de que la Constitución se puede cambiar muy deprisa cuando hay interés.

No nos engañemos: este referéndum que propongo podrían ganarlo los partidarios de la independencia. Pero de esa circunstancia no tendría por qué seguirse ninguna de las catastróficas situaciones que algunos auguran. La independencia de Cataluña tendrá sin duda un coste, y muchos pensamos que de entrada traerá más problemas que beneficios; pero una Cataluña independiente seguramente acabará integrándose en la Unión Europea y estableciendo buenas relaciones con sus vecinos, porque ni a Cataluña ni a España ni a la Unión Europea les interesa otra cosa.

Ahora bien, ese referéndum también lo podrían ganar los partidarios de la unidad de España. Para ello, sin embargo, necesitarían oponer a la ilusión soberanista lo que Ortega llamó, en La España invertebrada, “un proyecto sugestivo de vida en común”.  Esto requeriría, entre otras cosas, renovar la clase política española y reducir el poder de los partidos tradicionales. Además, sería necesario que los partidos pequeños se atrevieran a dejar de repetir las mismas tonterías que dicen los grandes, o al menos a dar cabida a ideas menos esclerotizadas. Si finalmente ese referéndum lo ganasen quienes se oponen a la disgregación del Estado español, esa victoria sería una buena noticia no tanto por el mantenimiento de la unidad del Estado sino, sobre todo, porque indicaría que éste comienza a merecer la confianza de los ciudadanos.

En cualquier caso, si hoy podemos pensar, con más esperanzas que en los tiempos de Ortega, en “un proyecto sugestivo de vida en común” ese proyecto es Europa. A pesar de que el camino hacia la unidad europea no está en su mejor momento, muchos seguimos pensando que ése es nuestro único futuro viable. Si somos capaces de avanzar sólidamente hacia la integración europea, si somos capaces de transferir más y más competencias a los órganos comunitarios, si somos capaces de sustituir las ensoñaciones nacionalistas por un ideal primero europeísta pero, en último término, cosmopolita, entonces la cuestión de que Cataluña permanezca o no dentro del Estado español puede acabar dándonos más o menos igual.

Postdata:

No crean que me hago demasiadas ilusiones con esto del referéndum: los grandes partidos nacionales se aferran a las viejas ideas y parecen tener asegurada una larga vida, con la ayuda de un sistema electoral favorable y unos medios de comunicación mayoritariamente a su servicio. Y en cuanto a que los pequeños se abran a nuevas ideas, ya me referí en una entrada anterior a un comentario de Lilian Bermejo Luque sobre este mismo tema, que Rosa Díez (o alguno de sus colaboradores) retiraron, junto con algunos comentarios más, del blog personal de la líder de UPyD. ¿Habrá algún partido más receptivo?

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